Más del 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras

Cencos

Difusión Cencos México D.F., 20 de abril de 2012

Boletín de prensa Movimientos en contra de la mega minería tóxica

Estando reunidos en la Ciudad de México el día 20 de abril de 2012, manifestamos nuestro total rechazo al modelo de desarrollo extractivista minero que nos pretenden imponer.

Durante los últimos años, en varias regiones de México hemos estado luchando por impedir la instalación de mineras de tajo a cielo abierto altamente tóxicas. En este camino, se han generado como alternativa grandes experiencias de lucha social y política. No obstante, la tendencia general señala que, a pesar de los enormes esfuerzos de personas, de comunidades, de pueblos y de colectivos, los monopolios mineros -en complicidad con el Estado- han continuado con su labor de saqueo y despojo de los recursos minerales que pertenecen a todos los mexicanos. Ello sólo ha dejado una profundización de la pobreza, devastación de grandes extensiones del territorio nacional, muerte, contaminación, pueblos divididos y confrontados, destrucción del tejido social comunitario, daños irreversibles a la salud, etc., en suma, la madre tierra destruida. Se trata de un drama nacional en el que no sólo perdemos los directamente afectados, sino todos los mexicanos.

En este contexto, más del 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas extranjeras. Están autorizados más de 800 proyectos mineros y cada día se aprueban nuevos.

La minería, una actividad esencialmente privada que genera jugosas ganancias, es tratada en la ley como una actividad de “utilidad pública”. Ésta es la premisa y la justificación para el despojo de las tierras y territorios y el saqueo de los minerales. En este marco, bajo el manto protector de la “utilidad pública”, las concesiones mineras se convierten en un mecanismo de despojo, otorgándose además sin consultar a los legítimos dueños de los territorios.

Este carácter de “utilidad pública” lleva a que, si los dueños legítimos de un territorio no están de acuerdo con la actividad minera, proceda la ocupación temporal, la expropiación forzosa,  u otras formas de despojo. Por si fuera poco, esta actividad privada, sólo efectúa un pago simbólico de entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, sin pagar ningún otro impuesto. Para las empresas es ganar-ganar, mientras que para los pueblos y el Estado, es perder-perder.

Desde la década de los noventas se han venido modificando las leyes para facilitar que los grandes monopolios mineros se apropien, sin nada a cambio, de nuestros recursos naturales. La ley minera actual –el pliego petitorio de los empresarios mineros, hecho ley- es el principal instrumento que permite el despojo de las tierras de los pueblos, ejidos y comunidades y que legaliza el saqueo de nuestros recursos.

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