La avaricia minera y sus consecuencias

 

Manuel Martínez Morales / alcalorpolitico.com

Yo no era ambientalista, pero intuía lo que ahora me consta: 
la lucha auténtica por los recursos naturales y la preservación del  ambiente es la versión actual de la vieja lucha contra el imperialismo, la vieja lucha de los trabajadores por una sociedad sin explotadores y explotados.  Más intensa aún que la lucha librada por nuestros abuelos, porque ahora se trata de la supervivencia de la raza humana.

Miguel Bonasso

El Proyecto Minero Caballo Blanco, con una inversión de 50 millones de dólares que desea hacer la empresa Gold Group, a través de Minera Cardel S.A de C.V., dará ganancias de más de mil millones de dólares, por lo que es entendible la insistencia en llevar adelante el proyecto, a pesar del peligro que su operación entraña para el entorno natural y la vida humana. Como es sabido, estas empresas mineras tienen un negro historial, mismo que ha resultado en la prohibición de su operación en diversos países, entre los que se cuenta su mismo lugar de origen.

Particularmente dañina es la minería a cielo abierto, del tipo empleado en el proyecto Caballo Blanco. La minería a cielo abierto demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas, entre las que se cuentan el cianuro y el mercurio. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

Con este tipo de sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios, lo cual ha sucedido ya en otras naciones –como Argentina– y en diversas regiones de México, como en San Juan Copala, Oaxaca, por mencionar sólo una. El proyecto Caballo Blanco podría permitir una producción de 100 mil onzas de oro por año a partir de 2012. La certeza que se tiene es que por cada tonelada de tierra hay 1.5 gramos de oro.

Recordemos que en México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005 y han aplicado políticas económicas que, de hecho, entregan nuestros minerales a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

El sureste mexicano –dice el especialista Andrés Barreda– adquirió así una importancia inusitada, pues en los estados de esta región se encuentran importantes yacimientos, no sólo de oro sino también de molibdeno, mercurio, níquel, uranio, cobalto, zinc y otros minerales.

En el caso específico del estado de Veracruz, organizaciones no gubernamentales han dado a conocer un estudio en donde se destaca que el impacto ambiental en la zona donde opera Caballo Blanco sería grave, ya que advierte que los bosques principales, con su flora y fauna, las especies marinas y las zonas arqueológicas, al igual que las áreas de cultivo y ganadería, dejarán de ser útiles por unos 100 años, aparte de que para la extracción del oro hay que utilizar sustancias como el mercurio y el cianuro de sodio, que son altamente peligrosas, pues la intoxicación con alguna de ellas suele ser letal, resaltando también que la Termoeléctrica de Laguna Verde, a sólo 3 km de la mina, resultaría afectada con tantas explosiones, poniendo en peligro a una gran parte de la población veracruzana, dado que se aumenta el riesgo de un accidente nuclear.

Cabe aclarar aquí que dentro de la zona del proyecto se encuentran varias poblaciones situadas en 19 mil km cuadrados, por lo que Caballo Blanco representa un caso atípico dentro de la minería en general, por estar circundada de población; tal es el caso de Palma Sola, de Alto Lucero, que representa la comunidad con mayor población dentro de la zona del proyecto y está próxima a la zona principal de trabajos exploratorios (a 4 km), justo entre otras poblaciones del municipio de Actopan, como El Viejón, Tinajitas, El Farallón y Palmas de Abajo, además de varias rancherías y poblaciones menores como Boca Andrea, Arroyo Agrio, Yerbabuena, El Ojital y La Luz.

La extracción y procesamiento de minerales comprende una serie de acciones que producen significativos impactos ambientales negativos que perduran en el tiempo, mucho más allá de la duración de las operaciones de extracción de minerales. Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración a la comunidad y al ecosistema en su medio ambiente físico.

Los hoyos mal sellados, o que no tengan el entubado adecuado propician la contaminación entre los acuíferos, dado que el afluente del proceso de eliminación de agua de las minas puede ser muy ácido y contaminar las aguas superficiales locales y las aguas freáticas de poca profundidad, con nitratos, metales pesados o aceite de los equipos, reduciendo las existencias locales de agua, o causando erosión en los ríos y canales, los ríos, los drenajes, los humedales, los recursos culturales o históricos, las descargas de agua contaminada.

El proceso de extracción superficial trae como consecuencia la eliminación o cubierta de los suelos y vegetación, la alteración o represamiento los ríos, drenajes, humedales y áreas costeras, la modificación profunda da la topografía y del suelo, inestabilidad del mismo y conflictos con los otros usos de la tierra. La exploración minera a suelo abierto requiere de excavaciones de hasta 200 metros de profundidad, y es un proceso de largo plazo.

La historia y experiencia nos demuestra que para los habitantes de una región tener en sus tierras una mina no los ha llevado al progreso prometido, todo lo contrario; han sido un espejismo los supuestos beneficios para los pobladores, a pesar de que en muchos casos los funcionarios de gobierno aseguran que hay “oportunidades de negocios para todos; porque se requerirían de todos los servicios que la población del lugar puede brindar”.

La expansión minera transnacional desatada a partir de las reformas a la Ley de Inversión Extranjera y a Ley Minera no cesa; en los últimos seis años el valor a precios actuales de la producción de la minería mexicana ampliada, en contraste con el resto de la economía, no ha dejado de crecer, habiendo alcanzado en 2009 un monto total de 119 mil 600 millones de pesos. De acuerdo a datos contenidos en el quinto Informe del Presidente sobre el sector minero, entre enero y junio de 2011 la administración federal expidió 463 nuevas concesiones mineras que amparan una superficie de 1 millón 60 mil hectáreas en diversos estados del país, cifra que se agrega a las más de 20 millones de hectáreas actualmente concesionadas para actividades extractivas minerales.

En el caso de los territorios indígenas es enorme la presión de empresas mineras, casi todas extranjeras, buscando oro, plata, hierro y un sinfín de minerales metálicos y no metálicos que se han vuelto tan valiosos como escasos en un mundo depredado por tantos siglos de capitalismo. En diversas comunidades de la Montaña guerrerense y del sur del estado de Oaxaca empresas mineras canadienses, como Fortuna Silver Mine en San José del Progreso, se han establecido o buscan establecerse para explotar las ricas minas de oro, plata y hierro de la región. Lo mismo ocurre en la región de la Cañada oaxaqueña donde empresas igualmente canadienses, como Almaden Minerals LTD, han obtenido numerosas concesiones mineras encaminadas a la explotación de aluminio, oro y uranio. En Chiapas diversas empresas extranjeras se han dedicado en los últimos años a la explotación de oro a cielo abierto utilizando técnicas altamente peligrosas que están prohibidas en los países de origen de dichas compañías como es el caso de la canadiense Blackfire en Chicomuselo.

En el occidente mexicano, específicamente en los enclaves nahuas de la Sierra de Manantlán, Jalisco, y de la costa-sierra de Michoacán, la presión de los principales monopolios del hierro y el acero a nivel mundial -Ternium y Mittal Steel- así como el surgimiento de decenas de coyotes mineros y la presencia de algunas empresas chinas, ha provocado la proliferación de decenas de minas, grandes, pequeñas y medianas, que, sin cubrir los requisitos legales indispensables, están destruyendo impunemente las tierras de Ayotitlán (Jalisco), Pómaro y Aquila (Michoacán).

Finalmente, especial mención merece el caso de Virikuta en Real de Catorce, San Luis Potosí, lugar sagrado del pueblo wixárika donde la empresa canadiense Majestic Silver First ha obtenido 22 concesiones mineras que suman 6 mil 326 hectáreas y que ponen en riesgo la existencia misma de los wixáritari.

Esto en cuanto a algunas experiencias en suelo mexicano; más la devastación, producto de la avaricia de las grandes compañías mineras, se extiende por todo el continente. Por ejemplo, el periodista Miguel Bonasso recientemente ha dado a conocer que la empresa canadiense Barrick Gold se dispone a explotar Pascua Lama, la mina a cielo abierto de oro más grande de Sudamérica. Asegura Bonasso que “detrás de este proyecto –que destruirá los recursos naturales de una de las principales fuentes de agua dulce del mundo- existe un entramado de hechos y personajes tan disímbolos como truculentos: el traficante de armas Adnan Khashoggi, el expresidente estadunidense George H.W. Bush y el exrepresor argentino Rubén Osvaldo Bufano…” (M. Bonasso: El Mal: El modelo K y la Barrick Gold, Planeta, 2011; citado en Proceso, Num. 1840, 5 de febrero de 2012, p. 54).

Con estos antecedentes sobre nuestra historia reciente, más la evidencia concreta sobre las graves afectaciones ambientales y sociales que la minería a cielo abierto produce, se ve difícil siquiera intentar –o inventar- justificaciones “científicas y objetivas”, o definitivamente mercantilistas, en favor de la operación de la mina Caballo Blanco. Por ello resulta inexplicable la enconada defensa que diversos funcionarios –entre ellos el titular de la SEMARNAT- hacen del proyecto, cuando su responsabilidad es tomar medidas para la protección del medio ambiente y la vida.

¿Qué intereses, además de la avaricia minera, hay detrás del proyecto minero Caballo Blanco?

Una pista: la minera Barrick Gold –según Bonasso– auspició en Argentina a Cristina Fernández, durante su campaña presidencial, en todas las cenas del Council of Americas de Rockefeller. La página del Council dice que el aporte de Barrick fue de 50 mil dólares, lo que en su momento provocó una denuncia por tráfico de influencias.

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